Verdades históricas politicamente incorrectas, 03
REPÚBLICA Y FRENTE POPULAR: DOS REGÍMENES DISTINTOS
por Antonio Quintana Carrandi
Izado de la bandera de la II República Española en la Gran Vía de Madrid
Izado de la bandera de la II República Española en la Gran Vía de Madrid

El pasado 14 de abril se cumplieron 90 años de la proclamación de la II República española, un régimen sobre el que la izquierda española ha prestado una visión altamente distorsionada, para crear la imagen de una República idílica, que fue destruida por una conspiración fascista, ante la criminal pasividad de las democracias occidentales. Pero la quimera más burda y fácil de desmontar, que sin embargo es generalmente aceptada, es la que asimila el Frente Popular con la República, como si hubiesen sido lo mismo, cuando no fue así ni mucho menos. Es momento, por tanto, de ofrecer a las nuevas generaciones un cuadro más realista de lo que fue aquel régimen, y sus abismales diferencias con lo que llegó tras las confusas elecciones de febrero de 1936. Empecemos por lo más elemental, una cuestión que ha provocado, y en buena medida sigue provocando, enconados debates entre los defensores de la República idealizada y quienes, como el que suscribe, se atienen a los hechos históricos concretos: la legitimidad de la II República.

Existen dos clases de legitimidades: la de origen y la de ejercicio. La República no fue en su origen legítima, ya que las del 12 de abril de 1931 fueron unas elecciones municipales, en las que estaban en juego los gobiernos de los municipios, no un cambio de régimen. Esto es así por más vueltas que se le dé, por más que se intente tergiversarlo no puede cambiarse. No obstante, estaba previsto celebrar después elecciones a Cortes, estas constituyentes, que deberían facilitar la revisión de los poderes del Estado, delimitando el área de actuación de cada uno, así como llevar a cabo una importante reducción del poder personal del monarca. Las candidaturas más votadas aquel 12 de abril fueron las monárquicas con mucha diferencia. Sin embargo, la situación dio paso a la proclamación republicana. ¿A qué se debió tan sorprendente deriva?

Lo que ocurrió fue que la Restauración borbónica, ideada en el siglo XIX por Cánovas del Castillo, había entrado en crisis por varias razones. El sistema parlamentario monárquico, inspirado en el británico pero no tan eficaz como éste, ya no podía dar más de sí, pues sus estructuras habían quedado anquilosadas en el pasado y eran incapaces de adaptarse a los profundos cambios sociales y políticos que se estaban produciendo. Por otra parte, la figura del monarca era denostada por la izquierda, y también por parte de la derecha moderada, por haber apoyado la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que había gobernado el país entre 1923 y 1930. Tras ese periodo autoritario, Alfonso XIII intentó devolver el régimen a una senda constitucional y parlamentaria, tarea que encargó al general Dámaso Berenguer, al que nombró Presidente del Gobierno (o del Consejo de Ministros, como se decía entonces). Berenguer fracasó en tal propósito y fue fulminantemente cesado. A partir de ese momento, el Rey llevó a cabo diversas intentonas para afianzar la Corona, pero ninguna de ellas resultó efectiva. La caída de la Monarquía fue propiciada por las maniobras oportunistas de algunos líderes republicanos, pero también por las realizadas por ciertos prohombres monárquicos, los cuales, pensando que era imposible mantener el trono, optaron por el pragmatismo y laboraron en favor de un cambio en el sistema de gobierno. Como muchos importantes líderes republicanos admitirían más tarde, fue el abandono de los monárquicos en la defensa de la Monarquía lo que facilitó la proclamación de la República, más que la presión de las masas populares, que si bien existía en cierto grado, no era tan aplastante como después se ha querido pintar.

Puesto que, como se ha dicho, las elecciones del 12 de abril eran sólo municipales, la República no tuvo ninguna legitimidad de origen. Pero en cambio si la adquirió por ejercicio, pues enseguida fue formado un gobierno provisional, cuyo propósito era: primero, evitar que el país cayera en un vacío de poder que sería desastroso; y segundo, preparar el camino para el afianzamiento del nuevo régimen, que debería cimentarse en una Constitución democrática, que sustituyera a la de 1876, y en nuevas elecciones.

Todo parecía indicar que se iba por el buen camino. En contra del relato popularizado, la derecha de la época no empezó a conspirar de inmediato contra la República, sino que la aceptó sin entusiasmo pero con orden. Por su parte, el Vaticano ordenó al clero español que respetase escrupulosamente a las nuevas autoridades, y que colaborara con las mismas siempre que fuera posible. Las pocas personas que protestaron contra el nuevo régimen desde posiciones conservadoras, lo hicieron a título exclusivamente personal, porque no fueron respaldadas por ninguna formación política de derechas.

Pero apenas un mes después de proclamarse la República, el clima de euforia fue reemplazado por otro de absoluta crispación, hábilmente sembrado en las masas ciudadanas por las izquierdas. Espoleados por partidos y sindicatos de inspiración marxista, empezando por el PSOE y la UGT y, en menor medida, la central anarcosindicalista CNT, grupos revolucionarios se lanzaron a la destrucción indiscriminada de edificios religiosos. Si en Alemania ardieron las sinagogas judías unos años más tarde, en el Madrid de mayo de 1931 conventos, iglesias y colegios religiosos fueron pasto de las llamas, ante la pasividad de aquellos cuya obligación era mantener el orden y proteger la propiedad privada. Fue el episodio conocido como La quema de conventos. En aquellos trágicos sucesos se perdieron incontables obras de arte de incalculable valor, fueron reducidas a cenizas varias bibliotecas eclesiásticas que poseían centenares de volúmenes irreemplazables, y resultaron destruidos hasta sus cimientos varios edificios de gran valor artístico y arquitectónico. Además, se produjeron algunos asesinatos.

Manuel Azaña
Manuel Azaña

La reacción gubernamental, como contaron en sus crónicas la mayoría de los periodistas extranjeros acreditados en Madrid, fue tan sorprendente como inesperada. Si el flamante gobierno republicano hubiera aplicado su propia ley, deteniendo a los revoltosos y restableciendo el orden, la II República habría obtenido un gran triunfo publicitario en todo el mundo, percibiéndose como un modélico régimen de libertades. Pero la mayoría de los integrantes del ejecutivo se inhibieron de la cuestión, e incluso algunos expresaron abiertamente su solidaridad con lo que llamaban el pueblo. Miguel Maura, uno de los republicanos de primera hora y a la sazón Ministro de Gobernación (hoy Interior), abogó por sacar a la Guardia Civil a las calles, pero nadie le apoyó. Manuel Azaña llegó a comentar: Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.

Estos hechos conmocionaron a los conservadores, que, no obstante, siguieron respetando escrupulosamente las leyes, procurando mantener la calma frente a la exaltación revolucionaria que había propiciado la actitud de los gobernantes ante aquellos desmanes. La mayoría de ellos pensaban que, cuando el nuevo régimen se asentara adecuadamente, las autoridades frenarían a los extremistas de izquierda. Pero no fue así, ni mucho menos.

Durante su primer bienio de existencia, gobernó la República una coalición de republicanos de izquierdas y socialistas. Las profundas diferencias entre ellos no hicieron más que complicar la situación de un país cada vez más sumergido en el caos. Al absoluto fracaso de sus políticas reformistas, que no solucionaron ninguno de los problemas que acuciaban a la nación, se sumaba el ambiente pre-revolucionario que fomentaban los partidos y sindicatos de izquierda. En este contexto tuvo lugar la denominada sanjurjada, intentona golpista chapucera e irrelevante, dirigida por el general José Sanjurjo y en la que tomaron parte tan sólo un puñado de ofuscados, que sería rápida y eficazmente aplastada por el gobierno.

En algunos círculos conservadores empezaron a caldearse los ánimos, pero nadie pretendía imitar a Sanjurjo. Lo que exigían las derechas, y así ha quedado constancia tanto en el Diario de Sesiones de las Cortes como en la prensa de la época, era que se aplicasen las leyes republicanas a todo el mundo por igual, ni más ni menos. Pero el gobierno republicano-socialista, que tanto celo ponía en aplicar la ley con todo rigor a las derechas, hacía la vista gorda una y otra vez ante las tropelías de las izquierdas. La cosa había empeorado con la promulgación, ya en 1931, de la llamada Ley de Defensa de la República, ideada por Azaña y sus correligionarios para aislar jurídicamente a los conservadores. En la práctica, tal ley fue utilizada para encausar a aquellos que osaban criticar las medidas del gobierno, y también para dar apariencia de legalidad al cierre de periódicos y revistas que se hubieran hecho eco de tales críticas.

Curiosamente, los mayores enemigos de la República, al menos al principio, no fueron las derechas, sino los anarquistas, que se sublevaron contra el gobierno en varias ocasiones. Por su parte, si bien los socialistas formaban parte de la coalición gobernante, muchos de ellos abominaban de aquella república burguesa, a la que sólo veían como una etapa pasajera en su camino hacia el objetivo principal del PSOE: la dictadura del proletariado. Es decir: la bolchevización de España. En cuanto a las derechas, seguían manteniéndose en la legalidad, a pesar de que el ejecutivo, los partidos y la prensa de izquierdas no hacían más que provocarlas.

Hoy se insiste en que la República derivó hacia la extrema izquierda como respuesta a la amenaza fascista que supuestamente latía en el ambiente. Se trata de una afirmación falsa, pues el fascismo apenas existió en España. Lo que sí hubo fue dos formaciones políticas que podríamos definir como proto-fascistas: Las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas), fundadas en 1931 por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, y Falange Española, creada por el abogado José Antonio Primo de Rivera y el aviador militar Julio Ruiz de Alda en 1933. Aunque estos grupos adoptaron una estética cercana a la del Fascio italiano, lo cierto es que se diferenciaban notablemente del mismo. Ambas formaciones se fusionarían en una en 1934. De todas formas, FE de las JONS fue un partido muy minoritario, sin ningún peso político real.

Emilio Mola
Emilio Mola

Estaba también el PNV (Partido Nacionalista Vasco), que era conservador y clerical, además de poseer por aquel entonces unos marcados tintes racistas, heredados de la peculiar idea del vizcaíno que tenía su fundador, Sabino Arana. Incluso hubo encuentros entre Eugéne Goyheneche, vasco-francés afiliado del PNV, con Werner Best, ayudante de Heydrich, para conversar sobre el encaje del pueblo vasco dentro del Reich de los Mil Años. Hoy es políticamente incorrecto definir aquel PNV como neofascista, pero en su momento Emilio Mola estuvo en tratos directos con sus dirigentes más notorios, estando muy cerca de conseguir que se adhirieran a la sublevación. Si no lo logró fue porque éstos sabían que los alzados estaban en contra de cualquier tipo de autonomismo, algo incompatible con el ideario peneuvista.

En lo que a los monárquicos borbónicos se refiere, se sabe que algunos de ellos conspiraron contra la República desde el primer día, llegando a entrar en tratos con Mussolini. Pero el dictador italiano, a pesar de las presiones que recibía del entorno de Alfonso XIII, que estaba exiliado en Roma, concluyó con acierto que se trataba de un puñado de individuos desnortados, incapaces de suscitar ningún apoyo entre la población española.

El PCE (Partido Comunista de España) tenía una implantación social mucho mayor, pero hasta el estallido de la Guerra Civil tuvo poca relevancia. Los adalides del bolchevismo y la dictadura del proletariado fueron durante mucho tiempo los socialistas del PSOE y su sindicato, la UGT, que llegó a ser incluso más extremista que su partido matriz.

Niceto Alcalá-Zamora
Niceto Alcalá-Zamora

El primer bienio republicano llegó a ser tan calamitoso, en lo social y en lo político, que se convocaron nuevas elecciones en noviembre de 1933. La coalición radical-cedista las ganó, lo que empujó a los principales partidos de izquierda a maniobrar para intentar anular los resultados, maniobra a la que no se prestó el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que optó por mantenerse en la más estricta legalidad, aunque era de conocimiento público que no simpatizaba con los cedistas. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) estaba en su derecho de entrar en el gobierno, y cuando Alejandro Lerroux, jefe del Partido Republicano Radical y nuevo Presidente del Ejecutivo, ofreció tres carteras ministeriales a los cedistas, el PSOE respondió a semejante provocación fascista organizando un alzamiento revolucionario en todo el país. Alzamiento que, en declaraciones de Francisco Largo Caballero publicadas por la prensa afín al socialismo, pretendía acabar con el gobierno reaccionario mediante una guerra civil (este fue el término exacto que empleó) para instaurar la dictadura del proletariado.

La intentona revolucionaria fue una iniciativa socialista, apoyada principalmente por los separatistas catalanes. La idea era provocar el estallido de varios focos revolucionarios en varias zonas del país, pero el movimiento fracasó en toda España, pues los socialistas, que se jactaban de actuar en defensa y beneficio de los trabajadores, no consiguieron que éstos les apoyaran en casi ningún sitio. En Cataluña fue casi irrelevante, solucionándose en poco tiempo gracias a la eficaz actuación del general Domingo Batet. Pero en el Principado de Asturias la cosa fue diferente, no porque los revolucionarios contaran con gran apoyo ciudadano, sino porque, sobre todo en la Cuenca Minera, el PSOE tenía una importantísima implantación.

El gobierno legítimo, salido de las urnas, tuvo que actuar con contundencia para acabar con los sediciosos, recurriendo al ejército. Los enfrentamientos costaron muchas vidas e innumerables destrucciones de bienes públicos y privados. La ciudad de Oviedo fue muy castigada, pues los mineros socialistas, entre otros muchos desmanes, volaron la cámara santa de la catedral e incendiaron la biblioteca de la Universidad, aparte de cometer numerosos asesinatos.

Asumida por las izquierdas como el ensayo general de la guerra civil que deseaban, los acontecimientos de la mal llamada Revolución de Asturias fueron tergiversados por la propaganda izquierdista, adquiriendo categoría de mitos. La campaña publicitaria sobre las atrocidades gubernamentales en la represión de aquella supuesta revolución obrera, en la que colaboraron los partidos socialistas, comunistas e incluso socialdemócratas de todos los países, fue tremendamente efectiva. Si bien el PSOE fracasó en su intento de provocar una insurrección popular, supo darle la vuelta a la situación, utilizando la mentira y la exageración sobre lo ocurrido en Asturias para exacerbar a las masas, creando y alimentando su odio hacia lo que llamaban la burguesía.

La II República se tambaleaba, pero aún se mantenía en pie y conservaba un mínimo de apariencia democrática. Sin embargo, sería Niceto Alcalá-Zamora quien, con sus torticeras y torpes maniobras políticas, destinadas en principio a favorecer su propia imagen como salvador del régimen republicano, daría la puntilla a la República. Su torpeza fue hábilmente aprovechada en su favor por las izquierdas, que le hicieron a un lado en cuanto convocó nuevas elecciones, acabando por apartarle del poder en beneficio de Manuel Azaña.

Las elecciones del 16 de febrero de 1936, a las que las izquierdas se presentaron coaligadas en el denominado Frente Popular, se desarrollaron en un clima de crispación. Las irregularidades, que diríamos ahora, estuvieron a la orden del día. En algunos lugares, como reconocerían años después en sus memorias destacados republicanos, se sustituyeron las urnas por otras repletas de papeletas rellenadas a toda prisa en las Casas del Pueblo socialistas. Varios gobernadores civiles intentaron poner orden, pero se vieron impotentes para resolver la situación.

Aquellas, como se ha dicho, fueron unas elecciones llenas de irregularidades. Las izquierdas, que contaban con muchísimos seguidores en las administraciones públicas, se apresuraron a erigirse en vencedoras por aplastante mayoría. Hoy se sabe que, al menos, medio centenar de actas de diputado, que deberían haber sido para las derechas, fueron falsificadas en favor de las izquierdas mediante tortuosas maniobras administrativas ilegales. De haberse respetado escrupulosamente los procedimientos democráticos, la diferencia de sufragios obtenidos por unos y otros no hubiese sido muy significativa. Pero la izquierda española de la época, como la de hoy, tenía la misma idea de la democracia que Stalin, quien afirmó: Lo importante no es quiénes votan qué, sino quién cuenta los votos.

La confusión electoral de febrero de 1936, que le permitió al Frente Popular tomar el poder poco menos que por asalto, marcó el fin de la II República, un régimen que, a pesar de las convulsiones por las que atravesó, fue esencialmente democrático. Lo que llegó después fue otra cosa.

A partir de aquel momento, se desató en toda España la violencia revolucionaria. De cara al exterior se procuraba mantener una imagen de normalidad, tarea en la que colaboró Manuel Azaña, que en realidad era ninguneado y despreciado por casi todo el Frente Popular, salvo por unos pocos, como él mismo reconoce amargamente en sus memorias. El verdadero poder estaba en manos de las milicias de partidos y sindicatos de izquierda, que impusieron su voluntad en todo el país. Una ola de asesinatos políticos barrió España. Los milicianos izquierdistas actuaban a veces en colaboración con la Guardia de Asalto y la policía, en increíble mezcolanza. Los grupos de derechas, sobre todo la Falange, respondieron a la violencia con más violencia. El caos era total, a lo que contribuyeron las actitudes de los diputados izquierdistas en las Cortes, que siempre encontraban la manera de excusar las atrocidades cometidas por las milicias, arguyendo que actuaban en defensa de los trabajadores y argumentos similares. Al principio, los diputados conservadores intentaron mantener la ecuanimidad, limitándose a exigir al gobierno que aplicase la Ley. Pero los diputados de izquierda, envalentonados, se rieron de ellos, profiriendo insultos y amenazas. Incluso se llegó a amenazar de muerte a José Calvo Sotelo y José María Gil Robles, los más destacados dirigentes derechistas. Dichas amenazas fueron ilegalmente borradas del Diario de Sesiones de las Cortes, pero periódicos como Mundo Obrero y Claridad las reprodujeron en sus páginas citando a sus autores, que en ningún momento negarían haberlas proferido; antes al contrario, se jactaron de ello.

Indalecio Prieto
Indalecio Prieto

Estas amenazas de muerte se concretaron en el asesinato de Calvo Sotelo por un comando izquierdista, compuesto por miembros de la Guardia de Asalto y La Motorizada, la escolta de Indalecio Prieto, y mandado por el capitán Fernando Condés, un guardia civil de ideología socialista, que proporcionaba entrenamiento militar a las milicias del PSOE y la UGT. El ejecutor material del crimen fue el pistolero Luis Cuenca, guardaespaldas de Prieto, que le descerrajó dos tiros en la nuca al líder conservador con una pistola semiautomática Astra 96, versión española de la Máuser C 96. Calvo Sotelo fue la segunda opción del grupo de criminales. Antes habían ido a buscar a Gil Robles, pero éste se había ausentado de Madrid.

Se había alcanzado el punto de no retorno. Los conservadores que todavía confiaban en el restablecimiento del imperio de la ley reconocieron, desesperados, que aquel crimen de estado equivalía a una declaración de guerra. Ya no había marcha atrás.

Lo que ocurrió después debería ser bien conocido a estas alturas del siglo XXI. El golpe de Estado pergeñado por Mola, y que en principio tenía por objetivo restaurar la legalidad republicana de 1934, fracasó, originando una cruenta guerra civil. La radicalización extrema fue la nota dominante. La Falange, que hasta entonces había sido una formación política muy minoritaria, creció enormemente en poco tiempo, pues a ella se afiliaron la mayoría de los que antes habían militado en partidos conservadores moderados. En el otro bando, aunque los socialistas siguieron imponiendo su autoridad durante algún tiempo, comenzó a destacar el PCE, que no tardaría en convertirse en la fuerza política hegemónica del Frente Popular.

Ya en abril de 1931, las izquierdas, con pocas excepciones, habían dejado bien claro que sólo aceptaban esa república aburguesada como primer paso hacia una revolución social de índole marxista. Y desde el primer momento, como demuestra el temprano episodio de La quema de conventos, empezaron a boicotearla. El régimen moderado de libertades, con el que habían soñado hombres como Ortega y Gasset, Marañón o Pérez de Ayala, fue desvirtuado primero y corrompido después principalmente por las izquierdas, que no cejaron en su empeño de destruir aquella frágil democracia, para facilitar la instauración del sistema bolchevique que ansiaban.

Los comicios de febrero del 36 fueron el tiro de gracia que aniquiló definitivamente la II República española, que, insisto, a pesar de sus convulsiones, fue en esencia un sistema democrático. Lo que llegó después fue un conato de revolución marxista. El revanchismo frente populista se cebó no sólo en la burguesía, el ejército y el clero, sino también en aquellos republicanos que no eran de izquierda. Miles de ellos, que no tenían relación alguna con los sublevados, y muchos de los cuales habían estado en contra de la dictadura de Primo de Rivera mientras el PSOE colaboraba entusiásticamente con ella (recordemos que Largo Caballero había sido consejero de estado durante ese periodo), perecieron asesinados durante episodios tan sobrecogedores como el de la Matanza de la Cárcel Modelo de Madrid. Las atrocidades cometidas por las milicias socialistas, comunistas y anarquistas fueron de tal calibre, que hasta Manuel Azaña, líder del Frente Popular y en teoría presidente de la república, aunque no tenía ningún poder efectivo, se horrorizó por lo que había contribuido a desatar, como puede deducirse de la atenta lectura de sus diarios.

Visto lo anteriormente explicado, el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 no se produjo ni contra un régimen democrático, ni mucho menos contra un gobierno legítimo, pues el Frente Popular no era ninguna de esas dos cosas. La sublevación armada fue una reacción ante un proceso revolucionario de cariz marxista. Unos luchaban por la preservación de los valores conservadores y la unidad nacional. Los otros, para instaurar una dictadura totalitaria de tipo bolchevique, similar a la soviética.

En cuanto a la tan traída y llevada democracia, que los defensores del Frente Popular enarbolan hoy como estandarte de su causa, no jugó ningún papel durante la guerra civil. Ninguno de los bandos contendientes la defendía, aunque los marxistas recurrieran a ese término insistentemente en su propaganda, sobre todo la dirigida al extranjero. Entre los sublevados había muchos republicanos de derechas o centristas, que se consideraban demócratas, pero incluso ellos llegaron a pensar, como el resto de los integrantes del bando nacional, que los desmanes de la izquierda habían desacreditado el sistema democrático liberal para largos años. En lo que se refiere a sus adversarios, ninguno de los partidos y sindicatos que integraban el Frente Popular era democrático. Ni siquiera Izquierda Republicana, el partido de Azaña, pues la reacción de éste ante el triunfo electoral de la coalición radical-cedista, en noviembre de 1933, da idea de lo que don Manuel entendía por democracia.

Sin embargo, aunque la cuestión está diáfana al momento de estudiar la historia en profundidad, la inmensa mayoría de los españoles sigue creyendo que la II República y el Frente Popular eran lo mismo. Esto es consecuencia, por una parte, de la eficaz campaña propagandística de la izquierda en este sentido; y por otra, de la dejadez de los conservadores actuales, que, en aras de una mal entendida paz social, han renunciado por completo a la batalla por las ideas y parecen estar dispuestos a asumir como verdades demasiadas tergiversaciones históricas.


Notas
© Antonio Quintana Carrandi (3.895 palabras) Créditos