QUE PAGUEN LOS DE SIEMPRE
por Antonio Quintana Carrandi
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El Instituto Juan de Mariana (en adelante IJM) ha publicado un informe con sus recetas para salvar la economía, muy tocada por la combinación de cierta legislación progresista y la debacle económica que está provocando el Covid-19. Quienes me leen con cierta asiduidad saben que estoy frontalmente en contra de las políticas, más delirantes que absurdas, de esa izquierda dogmática, sectaria y analfabeta que últimamente ha sentado sus reales en la Moncloa. Analfabeta, sí, porque sólo de analfabetos puede tildarse a quienes confunden el latín con los dibujos animados, o a quienes comparan a un golpista huido de la justicia con los exiliados de la guerra civil.

Pero lo de esa institución presuntamente liberal es de traca, porque una de las medidas que propone para salvar la economía española es suprimir al menos una paga extra a funcionarios y pensionistas, que, según el IJM, son dos colectivos sobreprotegidos por el Estado. Supongo que funcionarios los habrá de muchos niveles y sueldos, pero el ochenta por ciento de los pensionistas españoles percibe entre 600 y 800 euros mensuales, cantidades con las que, teniendo en cuenta el constante aumento del coste de la vida, sobre todo en las grandes ciudades, apenas se puede llegar con holgura a fin de mes. Me refiero, como es obvio, a las pensiones contributivas, las de la gente que ha estado cotizando toda una vida para tener un retiro digno.

Es evidente que el sistema de pensiones no puede mantenerse tal como fue concebido en los años 60, pues ni la sociedad ni la economía son como entonces. Es necesaria, más aún, imprescindible, una reestructuración de dicho sistema, adaptándolo a la realidad actual. En eso toda persona sensata y medianamente culta estará de acuerdo. Pero no es justo que se pretenda cambiarles las reglas del juego a los pensionistas actuales. Porque, de hacerse realidad algunas de las propuestas del IJM, los paganos del experimento serán, como siempre, los más vulnerables.

Parte de lo que propone el IJM, convenientemente matizado, tiene sentido y podría ser beneficioso a largo plazo. El problema es que, a mi juicio, esa institución aboga por el liberalismo económico extremo, el que, por ejemplo, impulsó la Revolución Industrial en la Inglaterra del siglo XIX, pero a costa de la explotación inmisericorde, en jornadas interminables y con salarios de miseria, de ingentes masas humanas, incluyendo mujeres y niños, y que Charles Dickens describió con mano maestra en sus novelas. Esa concepción del liberalismo sólo creó riqueza para unos pocos, manteniendo al resto en la pobreza más absoluta. Además, su efecto colateral más importante fue que contribuyó, más que cualquier otra cosa, a la expansión del marxismo, deleznable ideología que, excusándose en una supuesta defensa de los obreros, aspiraba a crear una especie de estado totalitario mundial, basado en lo que llamaban la dictadura del proletariado. El paso del tiempo demostraría que la utopía marxista, en sus diversas variantes, siempre acababa degenerando en una pesadilla política, social y económica, pero esa es otra historia.

El caso es que el IJM también propone eliminar el Salario Mínimo Interprofesional, medida que, sostiene, impulsaría la productividad, además de traducirse en un incremento de la contratación, facilitando la entrada en el mercado laboral de los colectivos con más dificultades de inserción. Por lo que sé, el salario mínimo anda por los 900 euros, cantidad no desdeñable, pero que tampoco es ninguna bicoca. Y puesto que los preclaros cerebros de esa institución abogan por su desaparición, uno sólo puede concluir que lo que pretenden es, simplemente, que el empresario pueda contratar pagando lo que le venga de gusto, que siempre será lo menos posible. Liberalismo salvaje en estado puro, porque el mismo informe reconoce que, aunque un mercado laboral sin salario mínimo favorecería, siempre supuestamente, un aumento de la tasa de empleo y un descenso del paro, también incrementaría muchísimo las desigualdades salariales.

Como dije antes, algunas de las propuestas del IJM son razonables y, correctamente aplicadas, contribuirían a la mejora del panorama económico. Las de atenuar la carga fiscal de las empresas mientras dure la crisis sanitaria, modificar el sistema tributario, simplificándolo para adaptarlo a la realidad socioeconómica, y reducir en lo posible los elevados tipos impositivos marginales son ideas muy interesantes. Otro tanto puede decirse de lo que propone el IJM sobre la utilización de los fondos europeos, la supresión de las subvenciones o la simplificación de los trámites para capitalizar las prestaciones por desempleo (cobrarlo todo de una vez), o rescatar el dinero invertido en Planes de Pensiones sin tener que pagar una penalización a Hacienda por ello. Pero las machaconas referencias al salario mínimo interprofesional y al recorte de las pensiones lastran muchísimo un informe que, con estas salvedades, se me antojaría casi perfecto.

Hay un detalle más. El IJM aboga por la supresión de una paga extra para funcionarios y pensionistas; pero, al mismo tiempo, defiende que ciertos funcionarios, los miembros de las fuerzas de seguridad (policía, guardia civil, policías locales y autonómicas) y los de la sanidad pública, sigan percibiendo las pagas dobles íntegras. Esto puede interpretarse como un guiño a esos colectivos, en un momento en que su labor es más vital que nunca. Pero provocaría un agravio comparativo entre el resto del funcionariado que, a la larga, contribuiría a aumentar la conflictividad laboral entre esos sectores y los demás.

Por lo anteriormente expuesto, sostengo que muchas de las propuestas recogidas por el IJM en su Decálogo de medidas para salvar la economía española generarían más problemas de los que resolverían, además de incidir negativamente sobre uno de los colectivos sociales, el de los pensionistas, más vulnerables que existen. Porque, para no variar, lo que se busca es que paguen los platos rotos los que menos culpa tienen.


Notas
© Antonio Quintana Carrandi (15 palabras) Créditos