PARLAMENTOS PELIGROSOS
por Antonio Quintana Carrandi

No existe parlamento más peligroso para la gobernabilidad de un país que aquel que alberga en su seno fuertes partidos étnicos o regionales. La presencia de estas formaciones representa, en la mayoría de los casos, un importante factor desestabilizador, que termina por amenazar seriamente tanto la unidad como el normal funcionamiento del Estado. La Historia nos ofrece contundentes ejemplos de esto.

Hacia el año 1907, la Dieta austriaca contaba con 265 diputados eslavos contra 233 alemanes. Si bien es cierto que los diputados eslavos estaban divididos nada menos que en veintiocho grupos distintos, ocurría que entre todos reunían una importante fuerza que les permitía obstaculizar, cuando no boicotear abiertamente, cualquier iniciativa de la cámara. En la práctica, semejante parlamento era ingobernable, de modo que, a partir de 1909, las autoridades austrohúngaras se vieron obligadas a gobernar la región que abarcaba dicho parlamento mediante decretos imperiales. A la larga, esta solución contribuyó a acelerar la inviabilidad de Austria-Hungría, y también influyó en el estallido de la Gran Guerra, cuando, con la intención de fortalecer el poder imperial, se decidió invadir Serbia.

Otro ejemplo interesante es el de la Cámara de los Comunes británica. Esta cámara contaba con unos 80 diputados irlandeses, cuyo único cometido parecía ser el de entorpecer su normal funcionamiento, tarea a la que se dedicaron durante buena parte del siglo XIX y principios del XX. El objetivo de los diputados irlandeses era, obviamente, la independencia de Irlanda, y no dudaron en provocar conflictos y tensiones en el seno de dicha cámara si creían que con ello podían alcanzar sus fines. La situación se agravó en 1914, con la insubordinación de una parte considerable de las tropas británicas destinadas en la isla. El estallido de la Gran Guerra pospuso la resolución de la crisis durante unos años. Mientras se combatía en el continente, los irlandeses siguieron mostrándose muy activos en su lucha contra la dominación inglesa, lo que provocó enfrentamientos armados tan sangrientos como los ocurridos en 1917. Al terminar la guerra mundial, Londres se vio obligado a otorgar la independencia de hecho a Irlanda del sur.

En 1847 estalló una guerra civil en la aparentemente pacífica Suiza. Los siete cantones católicos crearon la Sonderbund o Unión de Defensa con claras intenciones secesionistas. El ejército de la Dieta Federal aplastó la rebelión contundentemente. Al año siguiente se aprobó una nueva Constitución, pasando Suiza de ser una Confederación a una Federación. Este cambio favoreció el fortalecimiento de la autoridad gubernamental frente a las tendencias secesionistas, lo que a larga benefició al país, contribuyendo a dotarle de uno de los sistemas de gobierno más estables del mundo. Curiosamente, Suiza sigue conservando, tal vez por tradición, la denominación de Confederación Helvética, a pesar de que la historia se ha encargado de probar que las confederaciones raras veces resultan viables.

El ejemplo canadiense resulta especialmente representativo de los problemas que pueden causar los partidos étnicos o nacionalistas que alcanzan demasiada preponderancia. El que podríamos denominar como partido francés es muy fuerte en Canadá, sobre todo en la región de Québec, una especie de feudo para los canadienses de habla francesa y la zona en la que suelen ganar las elecciones con más frecuencia. La situación en este país norteamericano es bastante grave, ya que en numerosas ocasiones ha estado al borde de la escisión, lo que habría dado lugar al establecimiento de dos Estados, uno anglófono y otro francófono. Hasta el momento se ha logrado evitar la división política del país, pero la cerril actitud de los separatistas francófonos, siempre dispuestos a hacer lo que sea en defensa de sus aspiraciones secesionistas, representa una grave amenaza para la unidad nacional canadiense.

Los ejemplos citados ilustran con claridad lo peligrosos que pueden ser unos parlamentos con fuerte presencia de partidos étnicos, regionales o nacionalistas. No obstante, conviene recordar que en algunos países la presencia en los parlamentos centrales de estas formaciones políticas no representa, en principio, un factor de desunión, ya que aceptan las reglas del juego parlamentario y tratan de defender sus intereses perjudicando lo menos posible al resto de la nación. Eslovaquia, Finlandia e Italia son buenos ejemplos de esto. En todos estos países hay partidos étnicos o regionales con representación en el parlamento, pero en todos ellos reina la paz y el sentido común a nivel político. Caso aparte es el de Bélgica, país en el que la situación es bastante tensa, lo que hace pensar a muchos que, quizás, como Estado tenga sus días contados. En lo que se refiere a Bulgaria, podría suceder cualquier cosa, dada la situación semi-caótica en la que está sumido este país.

Todo lo anteriormente expuesto nos hace ser pesimistas sobre lo que está ocurriendo en España. En nuestro país el Estado ha claudicado alegremente frente a la desmesurada fuerza parlamentaria de los partidos separatistas, vascos y catalanes principalmente, cediendo demasiadas competencias y debilitando con ello enormemente el poder del gobierno central. A ello hay que añadir la delicada situación de las regiones más pequeñas, como Asturias, Cantabria, La Rioja o Murcia, que resultan siempre muy perjudicadas, ya que, al carecer de representación exclusiva en las Cortes, carecen de la fuerza parlamentaria necesaria para defender sus derechos e intereses. Cataluña y las Vascongadas, con sus poderosos partidos nacionalistas, juegan con ventaja frente al resto de España, lo que resulta, tanto si gusta como si no, terriblemente antidemocrático.

Algunas voces, tanto dentro como fuera del ámbito político, abogan por impedir que los partidos nacionalistas estén representados en el Parlamento. Pero privar a una parte de los ciudadanos de sus derechos sería tan antidemocrático como permitir que un par de regiones impongan su criterio a las demás por las buenas o por las malas. La única solución viable para este grave problema que acucia a España consistiría en someter cualquier modificación importante de la actual situación a referéndum, de modo que el pueblo soberano pudiera influir decisiva y eficazmente en la gestión política, más allá de la consabida visita a las urnas cada cuatro años. No cabe duda de que, adoptando esta medida que propongo, se lograría higienizar y fortalecer la democracia española.

© Antonio Quintana Carrandi, (1.018 palabras) Créditos