REFLEXIONES ANTE LA PRÓXIMA CITA ELECTORAL
por Antonio Quintana Carrandi

Quizá se me tache de fatalista, y puede que quien lo haga tenga algo de razón. Pero, aunque desearía con todas mis fuerzas equivocarme, abrigo el convencimiento de que España está en sus horas más bajas y que esto es sólo el comienzo de una debacle que sumergirá a nuestro país en un pozo del que le será muy difícil salir. Se intenta por todos los medios minimizar lo que está ocurriendo, pero lo cierto es que cada vez son más los jóvenes que buscan su futuro allende las fronteras. Es como si nos hubiésemos retrotraído a los tiempos de la posguerra, el aislamiento internacional y la autarquía económica, cuando emigrar era casi la única forma de alcanzar una vida digna. Pero, aún a riesgo de resultar alarmista, yo diría que la situación es todavía peor que entonces. Aquel estado de cosas fue consecuencia de la guerra civil y la mundial que estalló poco después, pero en nuestros días la ruina es más moral que económica, que también. Hoy hay una resignación, un desapego me atrevería a decir, que no había hace sesenta años, y ello nos conducirá, si Dios no lo remedia, a ser un país de segunda, cuando estábamos convencidos de ser de primera. Pero quizá estemos recibiendo el justo castigo a nuestra prepotencia, a nuestra chulería típicamente hispana, y, sobre todo, a nuestra inconsciencia. Hace más de tres décadas asombramos al mundo por como pasamos de la ley a la ley, de una dictadura a una democracia pacíficamente, con algunas crispaciones puntuales pero sin perder nunca el Norte. Hoy, treinta y tantos años después, cuando deberíamos figurar, por las papeletas que teníamos, entre las naciones más avanzadas de Europa, hemos descubierto que Fraga estaba en lo cierto cuando acuñó, allá por los 60, el dicho aquel de Spain is diferent. Porque, efectivamente, somos diferentes, pero como siempre, en lo peor.

Podrá alegarse que los problemas que padecemos se deben a la crisis económica, pero eso no es así. Sé que me ganaré las críticas de algunos por lo que voy a decir, pero, en cierto modo, la crisis nos ha hecho un favor, porque gracias a ella han salido a la luz una serie de cosas que, de haber continuado la bonanza económica, con su adormecedor efecto sobre la opinión pública, habrían seguido ocultas. Y no me refiero sólo a los sangrantes casos de corrupción política, que son ya más de mil seiscientos en los tribunales, sino a la proliferación de prácticas que, sin llegar a ser constitutivas de delito, han ido mermando tanto nuestra solvencia financiera como nuestra calidad democrática. Como todo parecía ir bien, hemos hecho la vista gorda ante lo que ocurría, sin ser conscientes de que, con tal actitud, contribuíamos no sólo a que todo siguiera igual, sino a forjar el desesperanzador presente en el que ahora vivimos. Los que nos han gobernado durante todos estos años, los que han hecho de la política, que debería ser una vocación de servicio a los demás y al país, una profesión excluyente, un deleznable modus vivendi, tienen muchísima culpa de lo que sucede, pero no toda. Nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad en la situación por la que ahora atraviesa la nación. Ellos, los políticos, han hecho lo que les ha venido en gana porque nosotros, los ciudadanos, se lo hemos permitido, a veces votando inconscientemente, con las tripas en vez de con la cabeza, respondiendo emocionalmente a absurdas ideologías trasnochadas, y a veces con nuestra apatía, inducida en muchas ocasiones por el egoísmo más rastrero. Hemos dejado que, en democracia, los supuestos servidores públicos fueran medrando lenta pero paulatinamente, blindándose con leyes y privilegios insensatos, hasta convertirse en una auténtica casta dominante, que mete sus narices y sus manos en todo, haciendo y deshaciendo a placer y sin control de ninguna clase. Hemos permitido y a veces ayudado a que se extendiera el virus de la corrupción, votando listas cerradas en las que iba más de un corrupto notorio, sin rasgarnos las vestiduras por ello. Hemos dejado que prevaleciera la visión ideológica antes que la racional, abandonando en la cuneta a personas honradas y capaces en favor de los candidatos de los aparatos de los partidos. Y lo más grave de todo: hemos criticado a los otros inmisericordemente, a veces con razón, pero en muchas ocasiones con maledicencia, en vez de exigir responsabilidad, honestidad y firmeza a los de nuestra propia cuerda. Gaspar Melchor de Jovellanos dijo, hace dos siglos: Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Evidentemente, nosotros nos hemos merecido los gobiernos que hemos tenido. No hay, por tanto, mayor culpable de lo que ocurre en España que el pueblo español, que ha ido cediendo su soberanía a cambio de un plato de lentejas y una supuesta prosperidad, que muchos no cifraban en su trabajo y esfuerzo personales, sino en que mandaran los suyos. Nosotros hemos coadyuvado a crear esa partitocracia, y deberíamos ser nosotros quienes acabásemos con la dictadura de los partidos, porque los que viven de ellos, obviamente, no están dispuestos a hacerlo. Ése es el gran reto al que se enfrenta la sociedad española. Un reto que, todo hay que decirlo, no creo que asuma, porque la estulticia y el sectarismo campan libremente por esta desdichada piel de toro.

¿Qué se podría hacer para mejorar las cosas, para tratar de regenerar no sólo el país, sino también la sociedad? En realidad, las soluciones son factibles y muy sensatas sobre el papel, pero de casi imposible aplicación en la práctica, debido en parte a la férrea resistencia que ofrecerían los servidores públicos, y en parte a la apatía, muchas veces interesada, que caracteriza al pueblo español. Sin embargo, no me resisto a la tentación de exponerlas aquí por escrito, siquiera sea para demostrar que, si se quiere, si se tiene voluntad de hacer bien las cosas para beneficio de todos y no sólo de unos pocos, sería posible cambiar para mejor nuestro país, sin recurrir a demagógicas propuestas populistas que, por desgracia, parecen estar enganchando a una parte de los españoles.

Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales

En primer lugar, lo más urgente sería la democratización real y profunda de partidos y sindicatos, para que dejen de ser clubes privados y se transformen en verdaderos órganos de representación ciudadana. Puesto que se nutren de dinero público, que en contra de la opinión de cierta ex-ministra sí que tiene dueño, sería muy positivo que se les obligara a auditar públicamente sus cuentas al menos una vez al año, a fin de que la ciudadanía supiese cuánto dinero reciben de los impuestos de todos y en qué lo emplean. Más aún: deberían reducirse al mínimo las partidas presupuestarias destinadas a dichas organizaciones, obligándolas a que se financiaran con las cuotas de sus afiliados y dándoles sólo una cantidad simbólica, que garantizara su subsistencia pero que no permitiera que devinieran, como ahora, en verdaderas empresas dedicadas a la colocación de parientes y amigotes, financiadas con cargo al erario público. La dependencia de los fondos públicos no sólo fomenta el clientelismo, sino que, en la práctica, puede inducir a ciertos comportamientos nada democráticos, por lo que cuanto menos dinero público manejen partidos y sindicatos, mejor. Huelga decir que lo mismo debería aplicársele a las patronales, que también se lucran vergonzosamente de las arcas del Estado. Este sería el primer paso para proceder a la democratización de tales estructuras. Pero el proceso debería ser aún más profundo, fomentando la democracia interna en el seno de partidos, sindicatos y patronales, suprimiendo los actuales aparatos que los manejan casi caciquilmente, y procurando que en el futuro no vuelvan a formarse. Obviamente, sería una tarea colosal, en la que deberían implicarse hasta el fondo los miembros de base de dichas organizaciones.

El caos autonómico

Otro aspecto que ilustra a las mil maravillas el caos que impera hoy en España es el batiburrillo autonómico, que va desgajando el país poco a poco, que es ineficiente y carísimo, y que además fomenta la desunión entre los ciudadanos españoles. No hablaré sobre la cuestión independentista, pues tiempo habrá para hacerlo en otro momento. Si diré, en cambio, que no podemos seguir así, so pena de arruinar más el país. Las autonomías, que nacieron durante la Transición para tratar de dar respuesta a las supuestas inquietudes sociales de vascos y catalanes, se fueron extendiendo exponencialmente hasta cubrir la geografía nacional. Su supuesta función primaria, acercar la administración a los ciudadanos, ha ido degenerando, y en la práctica se han convertido en auténticos reinos de Taifas, enemistados entre sí por tonterías, relegados a la condición de instrumentos para manejar a la sociedad y transformados en medio de vida de las castas políticas dominantes en cada región. Urge, por tanto, no una supresión, pero sí una racionalización en profundidad del modelo autonómico, para que éste, en vez de fomentar la fragmentación de la sociedad española en absurdas identidades regionales de inspiración balcánica, sirva, efectivamente, para acercar la administración a los administrados, y no para que medren unos cuantos analfabetos funcionales con mando en plaza.

Las formas son tan importantes como el fondo, de modo que quizá se podría comenzar por esa estupidez de darle a quien gobierna una autonomía el tratamiento de presidente. En otros países, de mayor tradición democrática y con políticos mejor formados, esta cuestión no presenta mayores problemas. Pero dado el carácter y la mentalidad de los políticos españoles, llamar presidente a quien gobierna una región, aparte de excesivo es contraproducente, porque hay quien asume prepotentemente que tal cosa le equipara al Presidente del gobierno de la nación, con lo cual trata a éste como a un igual, cuando no es ni remotamente así. El Presidente del gobierno es una autoridad superior, y aunque está obligado a observar cierta deferencia protocolaria con los mandatarios regionales, también está muy por encima de ellos. Otra cosa es que quienes ocupen el cargo estén dispuestos a hacer prevalecer tal condición, pues la experiencia histórica nos enseña que todos, desde Suárez hasta Rajoy, han agachado las orejas ante ciertos caciques autonomistas por oscuras razones de interés partidista. En todo caso, la adaptación del modelo autonómico a la cruda realidad debería iniciarse con la supresión del término presidente, sustituyéndolo por el más correcto de gobernador. De este modo, además de evitarse confusiones semánticas, se asestaría un merecido varapalo a la malsana arrogancia de ciertos mandarines regionales con complejo de superioridad.

Lo más grave de las autonomías es, indudablemente, que se les ha dejado demasiada libertad y se les han concedido competencias que no estaban en condiciones de asumir. Los distintos gobiernos de la nación han ido incrementando el poder político y social de las regiones, hurtándoselo a la administración central. El mayor nivel de autogobierno de los territorios se traducía en una disminución del poder del gobierno central; pero eso, que sería causa de gran preocupación para una persona sensata, no parecía preocupar demasiado a los integrantes de los diferentes gobiernos nacionales, que hicieron gala de una dejadez suicida en este tema. Hasta el gobierno de Aznar, que iba de nacional a ultranza, transfirió competencias a tontas y a locas a las autonomías, presumiblemente para limar ciertas asperezas políticas y conseguir eso que llaman paz social. El resultado ha sido un envalentonamiento de los caciques regionales, no sólo de los independentistas, con las terribles consecuencias para la gobernabilidad del país que cabe suponer. En semejante contexto político, la única solución pasa por una reafirmación de la autoridad del gobierno nacional sobre los regionales, además de por la recuperación, por parte del primero, de competencias vitales que jamás debieron ser transferidas a las autonomías, como las de justicia, sanidad, hacienda y educación.

Tampoco tiene sentido que un país como el nuestro, con apenas medio millón de kilómetros cuadrados, esté subdividido en diecisiete autonomías, mientras Canadá, por ejemplo, con una superficie de casi once millones de kilómetros cuadrados y una población mucho mayor, consta tan sólo de diez provincias y tres Territorios. La masificación autonómica es un gravísimo problema, que multiplica innecesariamente las administraciones con las que ha de bregar el ciudadano, que además resultan caras e ineficaces. Una reforma en profundidad del mapa autonómico debería incluir la eliminación de algunas de ellas que no tienen razón de existir, cuyos territorios podrían pasar a engrosar los de otras regiones. Esta medida, huelga decirlo, tropezaría con el rechazo frontal de la casta política que medrase allí por razones que no es necesario mencionar, y de buena parte de los habitantes de esas tierras, hábilmente pastoreados por los caciques de turno; pero simplificaría mucho el caótico panorama autonomista y ayudaría a mejorar la situación del país.

Poner coto al desmadre autonómico es una de las asignaturas pendientes de la administración central. La pregunta es: ¿Tendremos algún día un gobierno que afronte el problema con valentía y con sentido de Estado, sin dejarse influir por ocasionales conveniencias partidistas? Deseo fervientemente que así sea, pero, a la vista del panorama político español, no soy demasiado optimista al respecto.

Políticos hasta en la sopa

Otro de los grandes problemas que lastran nuestro progreso y encarecen la administración es el exceso de cargos públicos. A día de hoy, no existe en España organismo o entidad que pueda decirnos cuántas personas viven de la política, pero sin duda son demasiadas. Aunque todos, de derechas, de izquierdas, de centro y medio pensionistas se empeñan en negarlo, lo cierto es que el nuestro es un país saturado de políticos, que salen hasta de debajo de las piedras y se nutren a costa de nuestro sudor. Por supuesto que en tal pueblecito, de quinientos habitantes, hay concejales que no cobran, y es admirable que todavía haya gente así; pero los partidos han incrementado su presencia en la vida nacional hasta lo absurdo, multiplicando de paso el número de personas que viven de la cosa pública. A los miembros del gobierno central hay que sumarles los de los autonómicos, más los diputados nacionales y los parlamentarios regionales, más los senadores, el ejército de asesores a la sombra de todos los mencionados y, en definitiva, los tropecientos individuos —e individuas, seamos políticamente correctos siquiera por una vez— que parasitan el sistema, como una plaga de difícil erradicación. Mantenemos a una inmensa legión de servidores públicos que apenas sirven para algo, como no sea para consumir unos recursos económicos que deberían emplearse en justicia, sanidad o educación. Pagamos tres y a veces hasta cuatro administraciones, que a menudo se bloquean o se anulan entre sí, creando más conflictos de los que resuelven, pues cada una de ellas tiene sus particulares normas de funcionamiento, marcadas en buena medida por el color político de quienes ostenten el control de las mismas. Tenemos más políticos per cápita que cualquiera de los países de nuestro entorno, muchos de ellos más poblados que el nuestro, y tal estado de cosas es inasumible.

Veamos, si no, ese cementerio de elefantes llamado Senado, a donde van a parar todos aquellos que, habiendo servido bien a tal o cual formación política, no resulta conveniente tenerlos en algún gobierno o en cargos de responsabilidad dentro del partido, donde puedan ser molestos. Cámara inútil para los ciudadanos, debería de haber sido suprimida tiempo ha. Se mantiene por la razón arriba citada, pero lo peor no es eso. Aparte su inutilidad manifiesta para la buena marcha del país, es una Cámara masificada en razón de no se sabe muy bien qué necesidad representativa. Si se le compara con el Senado de EE UU, resulta evidente su condición de retiro dorado para politicastros en horas bajas. En USA hay cien senadores, dos por cada uno de los cincuenta estados, independientemente de que uno tenga diez millones de habitantes y otro doscientos mil. En España, por el contrario, hay nada menos que cuatro senadores por cada provincia, dos por cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tres por cada una de las islas de Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, uno por cada una de las islas o agrupaciones de ellas de Ibiza, Formentera y Menorca en las Baleares, y Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma por las Canarias. A éstos hay que sumarles los senadores designados por las autonomías, elegidos por las asambleas legislativas de cada una de ellas, a razón de un senador inicial más otro por cada millón de habitantes de sus territorios respectivos. La cifra mínima de senadores es, por tanto, de doscientos treinta y cinco, o sea, más del doble que la del Senado estadounidense. Y eso sin contar los senadores a que tiene derecho cada autonomía por cada millón de habitantes. Está claro que a los profesionales de la política les viene muy bien una cámara así, cuya flexibilidad les permite recolocar a ciertas personas. Pero ¿qué utilidad tiene para el ciudadano? Ninguna práctica, pues sus funciones pueden muy bien ser asumidas por el Congreso de los diputados. Personalmente abogo por la supresión de tal cámara, aunque también se podría reducir su tamaño a unos mínimos razonables. Puesto que España está dividida administrativamente en diecisiete autonomías, creo que una proporción de dos senadores por cada una, es decir, treinta y cuatro en total, sería más que suficiente representatividad. Al fin y al cabo, a los senadores, como a los diputados y a los políticos en general, sólo les interesa nuestra opinión cuando hay elecciones de por medio; después pasan olímpicamente del sentir ciudadano y se dedican a las cosas de la politiquería, que poco o nada tienen que ver con nosotros, aunque suframos sus consecuencias y seamos, al final, los que pagamos los platos rotos. La reestructuración del Senado requeriría modificar o enmendar la Constitución, pero algo me dice que los profesionales de la política ni están ni van a estar por la labor, pues la solución que sugiero significaría suprimir el cómodo modo de vida de muchos de ellos.

Una supresión radical de los cargos políticos en todas las administraciones, desde la central hasta las locales, redundaría en un considerable ahorro para las arcas públicas. No se perdería representatividad, a pesar de los intentos de los partidos por convencernos de lo contrario. En cuanto a la carga de trabajo que tendrían que asumir los que se quedasen, sería mayor indudablemente; pero ¿no alegan que están en la cosa pública para servirnos? Pues que nos sirvan bien, para variar. Al fin y al cabo, el verdadero peso del trabajo recae sobre los funcionarios de carrera, no sobre los políticos. Y si alguno de éstos considera que está mal pagado, o que en la empresa pública ganaría mucho más, como repiten machaconamente demasiados servidores públicos, que deje su cargo y se aventure en el auténtico mercado laboral como cada hijo de vecino, pues nadie le ha puesto una pistola en el pecho para ser concejal, alcalde, diputado o lo que sea.

Las retribuciones de los políticos

La cuestión de lo que cobran los políticos hace hervir la sangre del personal, sobre todo en una época de crisis galopante como la que nos ha tocado vivir. Los políticos de oficio alegan que cobran poco, lo que enerva todavía más a los españoles, la mayoría de los cuales ha de hacer juegos malabares con los euros para llegar a fin de mes. Abogan los integrantes de la casta por equiparar sus sueldos a la media de sus colegas europeos, y en principio estoy a favor de esa idea. ¿Qué un ministro español quiere cobrar como uno francés o alemán? Perfecto. Pero deben exigírseles los mismos niveles de formación que sus colegas de Europa, en cuyos gobiernos personajillos y personajillas que aquí han accedido a una cartera ministerial no serían, si me apuran, ni los encargados de llevarles el café a los que mandan. Y si se equiparan los salarios de los políticos españoles a los de sus homólogos europeos, que se haga lo mismo con el resto de los ciudadanos. Si un ministro español ha de cobrar lo mismo que uno alemán, por ejemplo, que un funcionario de cualquier rama de la administración española gane como sus colegas de la alemana. Eso sería lo más democrático, justo y lógico.

Es posible que los políticos españoles ganen poco, si se les compara con los de otras naciones de nuestro entorno. Pero, para los niveles salariales de España, están espléndidamente pagados. Por otra parte una cosa es el sueldo, la nómina que cada cual pueda percibir, y otra muy distinta sus ingresos reales. No aburriré al lector detallando lo que pueden llegar a percibir muchos políticos por su pertenencia a comités, comisiones, grupos de estudio etcétera. Baste decir que los ingresos finales de buena parte de esos servidores públicos superan con creces lo que aparece en sus nóminas. En la práctica, es como si gran parte de ellos tuvieran dos, tres y hasta cuatro sueldos, pues abundan los personajes de la cosa pública que acumulan cargos con sus correspondientes emolumentos.

En general, aunque hay bastantes excepciones, la clase política española está muy bien pagada. La mejor prueba de ello es que, una vez dentro del entramado político, no los despegas de ahí ni con agua hirviendo. La política es un mundo aparte, una realidad alternativa que aísla a los que están dentro de esa otra realidad tan cruda y desagradable, sobre todo ahora, en la que nos desenvolvemos el común de los españoles. Por eso el término casta es el más adecuado para definir a la comunidad política española, que vive completamente al margen del resto de la sociedad, aunque se desgañiten asegurándonos lo contrario, en especial en tiempo de elecciones.

¿Qué se podría hacer para tratar de solucionar el problema que representa esta casta excluyente? Algunos abogan, muy demagógicamente, por la desaparición de los profesionales de la política y por su sustitución por una especie de democracia asamblearia que, en la práctica, conduciría a un caos que acabaría de hundir España. Aunque a determinadas personas pueda chocarles, lo cierto es que estoy a favor de la figura del político profesional, porque la anarquía que postulan ciertos demagogos de la extrema izquierda puede parecer ideal, pero es imposible además de muy peligrosa. Siempre habrá gobierno, siempre habrá administración, y por tanto siempre habrá políticos encargados de su gestión. Pero mi idea del profesional de la política difiere y mucho de la que tienen los que hoy manejan el cotarro en España, los que llevan las riendas de los partidos. La estructura de los partidos españoles, en especial la de los dos mayoritarios, fomenta el que alguien que empieza pegando carteles a los dieciséis años se jubile en el seno de la formación política, a menudo ocupando altos cargos aunque no sepa hacer la O con un canuto. Es incluso normal que ciertas personas lleguen a formar parte de algún gobierno regional, e incluso del nacional, sin estar ni medianamente preparados para ello. Incluso han llegado a producirse casos en nuestra historia reciente en que, para dar cabida en el gobierno a gente que de otra forma difícilmente hubiera podido acceder al mismo, se han creado ministerios ad hoc. Es imprescindible, por tanto, exigirles a los políticos que vayan a desempeñar un cargo que demuestren un mínimo de capacitación, del mismo modo que se le exigen determinados conocimientos a un ciudadano de a pie para ejercer la fontanería, la albañilería, la abogacía, la medicina, la ingeniería, etcétera. Y, por supuesto, hay que acabar de una vez por todas y para siempre con las retribuciones múltiples que recibe una legión de servidores públicos. Un político, un cargo y un sueldo. Eso es lo razonable.

A modo de conclusión

Todo lo anteriormente explicado, y muchísimo más que sería muy tedioso reseñar aquí, ha ido mermando la calidad de la democracia española hasta extremos casi risibles. Es hora, a mi juicio, de ponerle remedio a todo esto. Y la mejor forma de hacerlo sería, en mi opinión, que la sociedad civil se organizara adecuadamente, para presionar a los políticos de oficio, obligándoles a basar sus decisiones en el bien común de la nación en general, y no en intereses de clase o partido. De vital importancia sería que esa sociedad civil organizada se preocupase de recordarles a los miembros de la casta que, mal que les pese, estamos en una democracia, por lo que ellos, todos ellos, más que autoridades, como les gusta titularse, son nuestros empleados, pues sus fabulosos salarios salen de nuestros bolsillos. Y como asalariados nuestros que son, tenemos el derecho de pedirles cuentas por sus actuaciones, y en último extremo, de exigirles que rectifiquen determinadas decisiones, llegado el caso. Pero la misión más importante de una sociedad civil bien estructurada y consciente de sus derechos y deberes, habría de ser la de devolver la democracia al pueblo español, que es, al fin y al cabo, su único y legítimo dueño.

Mas no deben adivinarse en mis palabras intenciones revolucionarias. Quien así lo perciba yerra. Algunos demagogos extremistas abogan por una ruptura total con el pasado, postulando una especie de cambio robolucionario al más puro estilo caribeño, que acabaría de hundir a España en la más negra miseria. Por el contrario, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, uno de los documentos políticos más importantes y relevantes de la historia, sino el que más, lo advierte con conmovedora claridad: En realidad, la prudencia aconsejará que los gobiernos erigidos mucho tiempo atrás no sean cambiados por causas ligeras y transitorias; en efecto, la experiencia ha demostrado que la humanidad está más bien dispuesta a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas de gobierno a las cuales se halla acostumbrada. Suscribo punto por punto estas palabras. Romper con el sistema que tenemos, confiando en poder crear de la nada uno mejor, como ansían demasiados insensatos, es una locura. En lo que debemos esforzarnos es en conseguir que nuestras instituciones funcionen correctamente, en limpiar las formaciones políticas, sindicales y empresariales, y también en democratizarlas a fondo; en hacer de la democracia algo real, tangible y eficaz, en lo que se impliquen los ciudadanos a través de los estamentos ideados en principio para tal fin, hoy caciqueados por los políticos; en devolver a la política su primigenia condición de servicio prestado a los ciudadanos, y no en contra de ellos, como ahora; en romper con absurdos sectarismos ideológicos, más propios del siglo XIX que del XXI, respetando el legítimo contraste de pareceres y rechazando cualquier forma de extremismo dogmático. En construir, en definitiva, una sociedad verdaderamente democrática, que nos sirva a todos por igual, que posea todas las virtudes y ninguno de los defectos del actual sistema político español y, en fin, de la que podamos sentirnos orgullosos.

© Antonio Quintana Carrandi, (4.422 palabras) Créditos