EL INFAME CHOLLO DE LAS SUBVENCIONES
por Antonio Quintana Carrandi

Los que no hace tanto negaban la crisis, se dedican ahora a sorprendernos cada día con una nueva ocurrencia para ahorrar. Primero fue el recorte del 5 por ciento de los sueldos de los funcionarios; seguidamente la congelación de los salarios de éstos; después le tocó el turno al gasto social; más tarde metieron mano hasta en las pensiones; y ahora toca ocuparse del gasto farmacéutico, insostenible según ellos, por lo que han decidido que ciertos fármacos habrán de venderse en formato unidosis, es decir, pastillita a pastillita. Los que vaticinaban una crisis galopante tenían razón, por lo visto, y de ahí la obsesión que les ha entrado a los mandarines de turno por el ahorro. Pero como la zorra pierde el rabo pero no las costumbres, las medidas de austeridad se aplican arbitrariamente, y mientras colectivos como los funcionarios, los pensionistas y los parados —que somos ya casi seis millones— ejercen de víctimas propiciatorias de la vesania ahorrativa del Ejecutivo, otros continúan beneficiándose de la muy sabrosona sopa boba estatal conocida como subvención. Los titiriteros del celuloide, que no venden una entrada ni por equivocación, acaban de recibir sesenta millones de euros. El Estado no sólo sigue financiando con dinero público el ruinoso cine patrio, si no también numerosos proyectos absurdos etiquetados como culturales. Mantenemos una legión de traductores de las jablas regionales para satisfacer los egos de los sátrapas autonómicos, cuyo apoyo esperan ganarse así quienes ahora detentan el poder. Abonamos sueldos dignos de ejecutivos de multinacionales a personajes y personajillos de la cosa pública, la mayoría de los cuales, nutridos desde la adolescencia por las ubres de un partido, no saben y posiblemente no sabrán jamás lo que es un solo día de trabajo honrado. Y lo peor de todo: en medio de una crisis tan terrible como esta, con cientos de miles de familias españolas con todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso, otorgamos subvenciones a diestro y siniestro. El gobierno de esta desdichada España, tan solidario él, dilapida anualmente cientos de millones de euros en subvencionar no sólo las cosas más extravagantes e insensatas, sino también a los colectivos más coloristas que imaginarse pueda. Mientras miles de nuestros compatriotas hacen cola en las oficinas del INEM para ver si pueden acceder a esa vergonzosa ayuda —llamémosle así— de trescientos cincuenta euros mensuales, decenas de miles de mortadelos de las arcas del Estado se irán para los gays y lesbianas de Zimbawe, o de cualquier otro sitio allá donde Napoleón perdió el gorro. Miles de españolas en paro y sin recursos están a verlas venir, mientras el gobierno malgasta una fortuna en disparatados proyectos relacionados con la mujer en varias naciones de Hispanoamérica. Así lo revela, al menos, el BOE (Boletín Oficial del Estado) del pasado viernes 17 de diciembre de 2010, que en su sección tercera, referente a Otras Disposiciones, se hace eco de una resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publican las subvenciones concedidas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas de ámbito estatal para el seguimiento y apoyo de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del Programa internacional Mujeres y Desarrollo. Así, como lo transcribo.

Si el enunciado de la patética disposición de la Secretaría de Estado de la Igual-da nos indica por dónde van los tiros, la lectura de la relación de proyectos subvencionados y de las cantidades concedidas a cada uno de ellos resulta indignante. Los epígrafes bajo los que se presentan los proyectos de marras hacen gala de una insultante ambigüedad. Veamos unos ejemplos:

Escuela de formación política para el fortalecimiento del liderazgo, la participación social y política de las mujeres y la gobernabilidad municipal que posibilite su desarrollo: 35.400 euros.

Promoviendo el cumplimiento de Obligaciones y Compromisos Internacionales Estatales con relación a los derechos humanos de las mujeres y el principio de igualdad de género en el ámbito local de 15 países de América Latina y el Caribe hispano (Fase III): 68.600 euros. ¿Cuánto nos habrán costado las dos fases anteriores?

Promoviendo las capacidades locales de las mujeres, a través de la escuela de formación política en derechos humanos de las mujeres, democracia y feminismo y la construcción de una agenda política local de las mujeres: 38.300 euros.

Algunos de los títulos son de chiste. Vean si no cómo se presenta el siguiente proyecto:

Irradiando —sí, han leído bien, irradiandoel desarrollo local con enfoque de género en Suchitoto, El Salvador: 54.900 euros.

Para justificar éste otro dispendio no se complicaron demasiado la vida. Lean, lean, que no tiene desperdicio:

Mujeres en primer plano: 47.900 euros.

Uno, que es un cinéfilo, no puede evitar preguntarse si la cosa no nos saldría más barata poniendo a las mujeres ésas en plano general y de conjunto, en vez de en tan carísimo primer plano. Pero continúen leyendo, que todavía hay más perlas.

Incidencia para la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas y presupuesto municipales en 5 municipios de Nueva Segovia: 54.600 euros.

Empoderamiento e incidencia política en mujeres trabajadoras sexuales: 54.600 euros.

Empoderamiento político y económico de las mujeres chocanas e incidencia para la generación de políticas públicas de equidad de género: 68.600 euros.

Como puede verse, no contentos con saquear nuestros bolsillos para financiar semejantes majaderías, nuestros cultísimos gobernantes nos ofrecen una muestra de su perfecto conocimiento de la lengua castellana empleando la voz «empoderamiento», no reconocida en el DRAE.

Los anteriores son sólo unos pocos ejemplos de la clase de iniciativas solidarias que patrocina esta gente... con el dinero de todos los españoles. Hecha la pertinente operación aritmética, resulta que nuestros progresistas mandarines han destinado a tan nobles causas la nada desdeñable suma de un millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos euros (1.341.800); es decir, doscientos veintidós millones setecientas treinta y ocho mil ochocientas pesetas de antes (222.738.800) aproximadamente.

Hagámonos una pregunta: de los cinco millones largos de parados que hay hoy en España, ¿cuántos de ellos son mujeres? Y de ellas, ¿cuántas estarán en situación de precariedad absoluta, con una mano delante y otra detrás, como suele decirse? Teniendo presente esta cruda y dolorosa realidad, ¿no habría sido más justo, más realista, emplear tan considerable suma en atender las necesidades vitales de nuestras compatriotas? Considerando el elevado número de ellas en situación de paro, habrá quien afirme que poca ayuda se les podría ofrecer con sólo un millón y pico de euros. Pero quienes así opinen no deben olvidar que ese millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos euros representa, en realidad, una gota de agua en el vasto océano de los dineros que regala a manos llenas nuestro comprometido y solidario gobierno. La suma de todas las subvenciones concedidas por el Estado arrojaría sin duda un monto sorprendente, cientos de millones de euros que, en manos de gestores serios y capaces, podrían haberse utilizado para ayudar a miles de familias españolas. Pero malvivimos bajo la férula de los políticos profesionales y los solidarios de perra gorda. Y así, mientras se llevan a cabo salvajes recortes en materia de atención social y se reducen los presupuestos de Sanidad y Educación, siguen financiando, con cargo al erario público, cualquier chorrada que les parezca de interés social o de la que emane aunque sólo sea un ligero tufo progresista. Es muy fácil ser solidarios con el dinero de los demás, y esto es lo que está haciendo esta gente: regalar el dinero de todos los españoles a paletadas. Hace algunos años, cierta ministrilla de infausto recuerdo afirmó, con total convencimiento y absoluta desvergüenza: estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie. Es evidente que, para la tropa politiquera, tan estúpida frasecita es casi un axioma; pero lo cierto es que los recursos del Estado salen del esfuerzo de las personas, del conjunto de la sociedad, y no es de recibo que se derrochen en imbecilidades de género y génera, o en sufragar determinadas entidades de dudosa utilidad pública, como por ejemplo las Fundaciones creadas en su día por los capitostes de los partidos mayoritarios.

Porque ésa es otra. Todos quieren ingresar en la secta de los Subvencionatti. Incluso los que más han criticado la llamada cultura de la subvención, es decir, los del principal partido de la oposición, se benefician y mucho de tan deleznable práctica. Así, una «fundación» que se dedica a estudiar y analizar no se sabe muy bien qué temas sociales, creada por cierto ex presidente hace algo más de una década, parece haberse embolsado el pasado año dos millones trescientos ochenta mil euros (2.380.000) en subvenciones del Estado. Por su parte, otra fundación, surgida hace tres años y de inspiración supuestamente obrerista, dedicada, por lo visto, a parir ideas para el progreso, arrambló presumiblemente con dos millones doscientos cincuenta mil euros (2.250.000) Es decir, que mientras se conminaba a los ciudadanos a apretarse el cinturón y se aplicaban medidas drásticas para contener el gasto público y ahorrar, estas dos organizaciones se repartieron cuatro millones seiscientos treinta mil euros (4.630.000) A 166 pesetas redondas por euro, resulta que las entidades mencionadas recibieron de las arcas estatales la astronómica suma de setecientos sesenta y ocho millones quinientas ochenta mil (768.580.000) pesetitas de antaño. Súmenle los doscientos veintidós millones setecientas treinta y ocho mil ochocientas (222.738.800) rubias de la patochada ésa de la mujer, y obtendrán un resultado total de ¡novecientos noventa y un millones trescientas dieciocho mil ochocientas (991.318.800) cucas. Esto, insisto, dándole al euro un valor redondo de ciento sesenta y seis pesetas. Vistos estos tres botones de muestra, queda bastante claro adónde han ido a parar buena parte de los dineros ahorrados por el Estado con tanto recorte.

Lo que provoca más indignación a una persona medianamente enterada de cómo está el patio, es la constatación de que tales fundaciones no contribuyen en absoluto al progreso social, ni mucho menos económico, de nuestro país. Son, en realidad, comisariados de propaganda al servicio de las ideologías de sus respectivos partidos matrices. Semejantes entidades no cumplen función social alguna, como no sea la de servir de colocadero de personas afines a los peculiares postulados políticos que cada una de ellas defiende. Hasta la fecha, no hay constancia de que los análisis de unos y las ideas de otros se hayan concretado en beneficios para el conjunto de los ciudadanos, por lo que lo más sensato, teniendo en cuenta cómo están las cosas, sería suprimir tan onerosas e improductivas ayudas a tan inútiles fundaciones.

¿Y qué decir de los sindicatos, que se llevan cada poco una sustanciosa tajada del pastel, sin que ello se traduzca en una mejor atención a los trabajadores? El mayoritario, cuyas siglas no es preciso mencionar pues todo quisque las conoce de sobra, apenas tiene ciento cincuenta mil afiliados, cifra ridícula en un país con cuarenta y cinco millones de habitantes. Las subvenciones multimillonarias a eso que definen como centrales sindicales representan, también, una considerable merma de los fondos de la Hacienda pública, y son tan improductivas como las de los tres ejemplos anteriormente mencionados. Provocan indignación y vergüenza ajena los espectáculos ofrecidos por algunos de sus líderes, que no sólo ingresan unos sueldazos de fábula a nuestra costa, si no que encima, y sin el menor sonrojo, preparan una huelga general en defensa de los trabajadores durante un crucero de lujo por el Mediterráneo, mientras millones de españoles hacen cola ante las oficinas del INEM. Por no hablar de esa lacra de los liberados sindicales, auténtica plaga de langosta que se ceba indistintamente en empresas públicas y privadas; personajes que ocupan un puesto de trabajo que no desempeñan porque deben dedicar su tiempo a defender los intereses de sus compañeros, y que cobran por partida doble, pues no sólo perciben el salario y los derechos correspondientes a la función para la que han sido contratados en la empresa, si no también otro sueldo del sindicato. Eso sí: como representar y defender a los trabajadores requiere tanto tiempo y esfuerzo por parte del liberado de turno, las empresas han de contratar personal interino para hacer su trabajo; o sea, que la empresa en cuestión está obligada a pagar a un sujeto que no trabaja porque forma parte de la casta de los liberatti, y también a su sustituto interino, que es quien realmente hace el trabajo para el que inicialmente fue contratado el primero. Si esto resulta difícil de asumir para la empresa privada, ¿qué no pasará en la pública? ¿Alguien tiene idea de la cantidad de funcionarios de carrera que medran en las distintas administraciones españolas, y que no cumplen con sus obligaciones laborales, por las que perciben salarios más que apañaditos, por estar apuntados a la bicoca de la liberación sindical? ¿Es admisible que se sigan manteniendo tales prácticas en la penosa situación económica actual? ¿Debemos seguir subvencionando unos sindicatos políticamente domesticados, cuyos líderes y cabecillas viven opíparamente a costa del erario público, mientras la mayoría de los trabajadores no llegan a fin de mes? La respuesta sólo puede ser una: no.

Como puede verse, la cultura de la subvención, esa especie de institucionalización de la mamandurria a costa del sudor de los españoles, nutre a los más variados especímenes. Pero aún nos queda otro segmento de aprovechados que mencionar: las patronales españolas. Impagables las diatribas de sus jerifaltes y portavoces, siempre despotricando contra el gasto social —ruinoso e inasumible, según ellos— y clamando por la flexibilidad laboral y la contención salarial. Pero ni una palabra de las elevadas sumas que reciben del Estado y de las autonomías en concepto de subvenciones, presumiblemente para costear cursos de formación para el empleo. Se calcula que el cuarenta y dos por ciento (42%) de los ingresos de la patronal española durante el pasado año provino del dinero de todos los contribuyentes en forma de subvenciones públicas. En teoría, tales fondos deberían ser utilizados para impartir cursos formativos, como se ha dicho; pero dada la opacidad con que parecen operar estas asociaciones patronales, cuyas cuentas auditadas suelen ser secretas hasta para muchos miembros de sus juntas directivas, la duda sobre el destino final de ese dinero está en el aire. Sea como fuere, el que tales organizaciones empresariales reciban dinero del Estado en plena crisis, mientras cientos de miles de españoles apenas tienen para comer, sólo puede provocar estupor e indignación social; máxime si se considera que buena parte de esas subvenciones proceden del Servicio Público de Empleo. ¿Cuántos millones en dinero público se llevarán este año las patronales, mientras se intenta comprar el voto de los parados por trescientos cincuenta miserables euros? ¿Es de recibo contribuir, con el dinero de todos, a la financiación de unas organizaciones que abogan por la reducción de los derechos de los trabajadores a su mínima expresión? Claro que no. Subvencionar a aquellos que defienden el incremento de la jornada de trabajo, la disminución de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, y también la ampliación de la vida laboral, para que sigamos trabajando hasta consumirnos de viejos, mientras ellos acumulan dinero y se retiran a los cincuenta y pocos con pensiones multimillonarias, es simplemente una obscenidad moral y humanamente inaceptable.

Podríamos citar numerosos ejemplos más de la sangría que para las arcas del Estado, y por extensión para nuestros bolsillos, representa la mafia de las subvenciones, pero creo que los botones de muestra presentados son suficientemente ilustrativos de la situación, que sólo puede calificarse de vergonzosa. A la vista de los hechos, puede afirmarse sin temor a errar que, si de verdad el Estado desea contener el gasto público, la mejor forma de hacerlo no es reduciendo las retribuciones de los funcionarios ni recortando servicios sociales, sino suprimiendo por ley todas las subvenciones. Tan absurdo resulta financiar la irradiación del desarrollo local con enfoque de género —y génera— en Suchitoto, El Salvador, como costear los estériles análisis y estudios sociales de una fundación derechista, o el alumbrado de ideas para el progreso de otra izquierdista; tan indignante y patético es malgastar dinero público promoviendo el empoderamiento e incidencia política en mujeres trabajadoras sexuales, como otorgar dádivas por igual a sindicatos y organizaciones empresariales. Si los millones que digieren estas máquinas de chupar subvenciones se invirtieran en la Sanidad, la atención a los parados o la financiación de proyectos serios que generasen empleo, se podría paliar, siquiera mínimamente, la situación de cuasimiseria en la que viven muchos de nuestros compatriotas.

La subvención es una lacra que no nos podemos permitir en el actual escenario económico. Se impone por tanto acabar, de una vez por todas, con esta práctica injusta, que emplea los recursos del Estado en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría de los ciudadanos.

© Antonio Quintana Carrandi, (2.808 palabras) Créditos