Incidencia para la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas y presupuesto municipales en 5 municipios de Nueva Segovia: 54.600 euros.

Empoderamiento e incidencia política en mujeres trabajadoras sexuales: 54.600 euros.

Empoderamiento político y económico de las mujeres chocanas e incidencia para la generación de políticas públicas de equidad de género: 68.600 euros.

Como puede verse, no contentos con saquear nuestros bolsillos para financiar semejantes majaderías, nuestros cultísimos gobernantes nos ofrecen una muestra de su perfecto conocimiento de la lengua castellana empleando la voz empoderamiento, no reconocida en el DRAE.

Los anteriores son sólo unos pocos ejemplos de la clase de iniciativas solidarias que patrocina esta gente... con el dinero de todos los españoles. Hecha la pertinente operación aritmética, resulta que nuestros progresistas mandarines han destinado a tan nobles causas la nada desdeñable suma de un millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos euros (1.341.800); es decir, doscientos veintidós millones setecientas treinta y ocho mil ochocientas pesetas de antes (222.738.800) aproximadamente.

Hagámonos una pregunta: de los cinco millones largos de parados que hay hoy en España, ¿cuántos de ellos son mujeres? Y de ellas, ¿cuántas estarán en situación de precariedad absoluta, con una mano delante y otra detrás, como suele decirse? Teniendo presente esta cruda y dolorosa realidad, ¿no habría sido más justo, más realista, emplear tan considerable suma en atender las necesidades vitales de nuestras compatriotas? Considerando el elevado número de ellas en situación de paro, habrá quien afirme que poca ayuda se les podría ofrecer con sólo un millón y pico de euros. Pero quienes así opinen no deben olvidar que ese millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos euros representa, en realidad, una gota de agua en el vasto océano de los dineros que regala a manos llenas nuestro comprometido y solidario gobierno. La suma de todas las subvenciones concedidas por el Estado arrojaría sin duda un monto sorprendente, cientos de millones de euros que, en manos de gestores serios y capaces, podrían haberse utilizado para ayudar a miles de familias españolas. Pero malvivimos bajo la férula de los políticos profesionales y los solidarios de perra gorda. Y así, mientras se llevan a cabo salvajes recortes en materia de atención social y se reducen los presupuestos de Sanidad y Educación, siguen financiando, con cargo al erario público, cualquier chorrada que les parezca de interés social o de la que emane aunque sólo sea un ligero tufo progresista. Es muy fácil ser solidarios con el dinero de los demás, y esto es lo que está haciendo esta gente: regalar el dinero de todos los españoles a paletadas. Hace algunos años, cierta ministrilla de infausto recuerdo afirmó, con total convencimiento y absoluta desvergüenza: estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie. Es evidente que, para la tropa politiquera, tan estúpida frasecita es casi un axioma; pero lo cierto es que los recursos del Estado salen del esfuerzo de las personas, del conjunto de la sociedad, y no es de recibo que se derrochen en imbecilidades de género y génera, o en sufragar determinadas entidades de dudosa utilidad pública, como por ejemplo las Fundaciones creadas en su día por los capitostes de los partidos mayoritarios.

Porque ésa es otra. Todos quieren ingresar en la secta de los Subvencionatti. Incluso los que más han criticado la llamada cultura de la subvención, es decir, los del principal partido de la oposición, se benefician y mucho de tan deleznable práctica. Así, una fundación que se dedica a estudiar y analizar no se sabe muy bien qué temas sociales, creada por cierto ex presidente hace algo más de una década, parece haberse embolsado el pasado año dos millones trescientos ochenta mil euros (2.380.000) en subvenciones del Estado. Por su parte, otra fundación, surgida hace tres años y de inspiración supuestamente obrerista, dedicada, por lo visto, a parir ideas para el progreso, arrambló presumiblemente con dos millones doscientos cincuenta mil euros (2.250.000) Es decir, que mientras se conminaba a los ciudadanos a apretarse el cinturón y se aplicaban medidas drásticas para contener el gasto público y ahorrar, estas dos organizaciones se repartieron cuatro millones seiscientos treinta mil euros (4.630.000) A 166 pesetas redondas por euro, resulta que las entidades mencionadas recibieron de las arcas estatales la astronómica suma de setecientos sesenta y ocho millones quinientas ochenta mil (768.580.000) pesetitas de antaño. Súmenle los doscientos veintidós millones setecientas treinta y ocho mil ochocientas (222.738.800) rubias de la patochada ésa de la mujer, y obtendrán un resultado total de ¡novecientos noventa y un millones trescientas dieciocho mil ochocientas (991.318.800) cucas. Esto, insisto, dándole al euro un valor redondo de ciento sesenta y seis pesetas. Vistos estos tres botones de muestra, queda bastante claro adónde han ido a parar buena parte de los dineros ahorrados por el Estado con tanto recorte.

Lo que provoca más indignación a una persona medianamente enterada de cómo está el patio, es la constatación de que tales fundaciones no contribuyen en absoluto al progreso social, ni mucho menos económico, de nuestro país. Son, en realidad, comisariados de propaganda al servicio de las ideologías de sus respectivos partidos matrices. Semejantes entidades no cumplen función social alguna, como no sea la de servir de colocadero de personas afines a los peculiares postulados políticos que cada una de ellas defiende. Hasta la fecha, no hay constancia de que los análisis de unos y las ideas de otros se hayan concretado en beneficios para el conjunto de los ciudadanos, por lo que lo más sensato, teniendo en cuenta cómo están las cosas, sería suprimir tan onerosas e improductivas ayudas a tan inútiles fundaciones.

¿Y qué decir de los sindicatos, que se llevan cada poco una sustanciosa tajada del pastel, sin que ello se traduzca en una mejor atención a los trabajadores? El mayoritario, cuyas siglas no es preciso mencionar pues todo quisque las conoce de sobra, apenas tiene ciento cincuenta mil afiliados, cifra ridícula en un país con cuarenta y cinco millones de habitantes. Las subvenciones multimillonarias a eso que definen como centrales sindicales representan, también, una considerable merma de los fondos de la Hacienda pública, y son tan improductivas como las de los tres ejemplos anteriormente mencionados. Provocan indignación y vergüenza ajena los espectáculos ofrecidos por algunos de sus líderes, que no sólo ingresan unos sueldazos de fábula a nuestra costa, si no que encima, y sin el menor sonrojo, preparan una huelga general en defensa de los trabajadores durante un crucero de lujo por el Mediterráneo, mientras millones de españoles hacen cola ante las oficinas del INEM. Por no hablar de esa lacra de los liberados sindicales, auténtica plaga de langosta que se ceba indistintamente en empresas públicas y privadas; personajes que ocupan un puesto de trabajo que no desempeñan porque deben dedicar su tiempo a defender los intereses de sus compañeros, y que cobran por partida doble, pues no sólo perciben el salario y los derechos correspondientes a la función para la que han sido contratados en la empresa, si no también otro sueldo del sindicato. Eso sí: como representar y defender a los trabajadores requiere tanto tiempo y esfuerzo por parte del liberado de turno, las empresas han de contratar personal interino para hacer su trabajo; o sea, que la empresa en cuestión está obligada a pagar a un sujeto que no trabaja porque forma parte de la casta de los liberatti, y también a su sustituto interino, que es quien realmente hace el trabajo para el que inicialmente fue contratado el primero. Si esto resulta difícil de asumir para la empresa privada, ¿qué no pasará en la pública? ¿Alguien tiene idea de la cantidad de funcionarios de carrera que medran en las distintas administraciones españolas, y que no cumplen con sus obligaciones laborales, por las que perciben salarios más que apañaditos, por estar apuntados a la bicoca de la liberación sindical? ¿Es admisible que se sigan manteniendo tales prácticas en la penosa situación económica actual? ¿Debemos seguir subvencionando unos sindicatos políticamente domesticados, cuyos líderes y cabecillas viven opíparamente a costa del erario público, mientras la mayoría de los trabajadores no llegan a fin de mes? La respuesta sólo puede ser una: no.

Como puede verse, la cultura de la subvención, esa especie de institucionalización de la mamandurria a costa del sudor de los españoles, nutre a los más variados especímenes. Pero aún nos queda otro segmento de aprovechados que mencionar: las patronales españolas. Impagables las diatribas de sus jerifaltes y portavoces, siempre despotricando contra el gasto social —ruinoso e inasumible, según ellos— y clamando por la flexibilidad laboral y la contención salarial. Pero ni una palabra de las elevadas sumas que reciben del Estado y de las autonomías en concepto de subvenciones, presumiblemente para costear cursos de formación para el empleo. Se calcula que el cuarenta y dos por ciento (42%) de los ingresos de la patronal española durante el pasado año provino del dinero de todos los contribuyentes en forma de subvenciones públicas. En teoría, tales fondos deberían ser utilizados para impartir cursos formativos, como se ha dicho; pero dada la opacidad con que parecen operar estas asociaciones patronales, cuyas cuentas auditadas suelen ser secretas hasta para muchos miembros de sus juntas directivas, la duda sobre el destino final de ese dinero está en el aire. Sea como fuere, el que tales organizaciones empresariales reciban dinero del Estado en plena crisis, mientras cientos de miles de españoles apenas tienen para comer, sólo puede provocar estupor e indignación social; máxime si se considera que buena parte de esas subvenciones proceden del Servicio Público de Empleo. ¿Cuántos millones en dinero público se llevarán este año las patronales, mientras se intenta comprar el voto de los parados por trescientos cincuenta miserables euros? ¿Es de recibo contribuir, con el dinero de todos, a la financiación de unas organizaciones que abogan por la reducción de los derechos de los trabajadores a su mínima expresión? Claro que no. Subvencionar a aquellos que defienden el incremento de la jornada de trabajo, la disminución de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, y también la ampliación de la vida laboral, para que sigamos trabajando hasta consumirnos de viejos, mientras ellos acumulan dinero y se retiran a los cincuenta y pocos con pensiones multimillonarias, es simplemente una obscenidad moral y humanamente inaceptable.

Podríamos citar numerosos ejemplos más de la sangría que para las arcas del Estado, y por extensión para nuestros bolsillos, representa la mafia de las subvenciones, pero creo que los botones de muestra presentados son suficientemente ilustrativos de la situación, que sólo puede calificarse de vergonzosa. A la vista de los hechos, puede afirmarse sin temor a errar que, si de verdad el Estado desea contener el gasto público, la mejor forma de hacerlo no es reduciendo las retribuciones de los funcionarios ni recortando servicios sociales, sino suprimiendo por ley todas las subvenciones. Tan absurdo resulta financiar la irradiación del desarrollo local con enfoque de género —y génera— en Suchitoto, El Salvador, como costear los estériles análisis y estudios sociales de una fundación derechista, o el alumbrado de ideas para el progreso de otra izquierdista; tan indignante y patético es malgastar dinero público promoviendo el empoderamiento e incidencia política en mujeres trabajadoras sexuales, como otorgar dádivas por igual a sindicatos y organizaciones empresariales. Si los millones que digieren estas máquinas de chupar subvenciones se invirtieran en la Sanidad, la atención a los parados o la financiación de proyectos serios que generasen empleo, se podría paliar, siquiera mínimamente, la situación de cuasimiseria en la que viven muchos de nuestros compatriotas.

La subvención es una lacra que no nos podemos permitir en el actual escenario económico. Se impone por tanto acabar, de una vez por todas, con esta práctica injusta, que emplea los recursos del Estado en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría de los ciudadanos.