LA NUEVA ARISTOCRACIA
por Antonio Quintana Carrandi

Como la realidad acaba imponiéndose antes o después, y no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, la crisis que no existía ha acabado dándoles un papirotazo en las napias a nuestros ínclitos gobernantes, obligándoles a cambiar radicalmente su discurso. Si el 21 de agosto de 2007 se afirmaba que España está a salvo de la crisis financiera (Zapatero dixit) y el 6 de septiembre del mismo año se insistía en que tenemos la tasa de paro más baja de la historia y se hacía hincapié en que el modelo español es un modelo internacional de solvencia y eficacia, hoy el mensaje es que todos debemos sacrificarnos y arrimar el hombro para salir del agujero.

De tirar el dinero público —que no es de nadie, como dijo cierta ministra de infausto recuerdo para todo amante de la cultura— hemos pasado a saquear las nóminas de los funcionarios, a anunciar recortes en la Sanidad pública, a contemplar la posibilidad de dejar a buen número de desempleados sin cobertura y, en fin, a buscar mil y una maneras, cada una de ellas más patética e injusta que la anterior, de ahorrar unos euros. Es lógico que en el actual marco de crisis financiera se trate de reducir gastos, pero lo que se sale de cajón es que los paganos de los platos rotos por políticos inconscientes, financieros sin escrúpulos y empresarios explotadores sean siempre los mismos: trabajadores, funcionarios, autónomos, jubilados, ciudadanos de a pié, en suma. En esta ocasión, como en las anteriores, se nos exige austeridad y esfuerzo, mientras las elites de la política, la banca y el empresariado de altos vuelos preparan la retirada a sus cuarteles de invierno, en los que aguardarán a que amaine la tormenta, convenientemente arropados por las ganancias obtenidas durante los años de bonanza económica; beneficios, no lo olvidemos, generados en su mayor parte por los colectivos ciudadanos sobre cuyas espaldas y bolsillos pretenden cargar ahora el coste de la debacle financiera los mismos que la provocaron con sus corruptelas y su ambición sin límites.

Ellos y sólo ellos, banqueros, magnates y políticos, son los culpables de lo ocurrido. Mas los últimos citados deben ser considerados los principales responsables, ya que sobre ellos recaía la obligación de velar por los intereses de la nación y de los ciudadanos que les eligieron para representarles, y en vez de actuar en consecuencia, tomando las medidas necesarias para tratar de frenar o atenuar en lo posible los efectos de la crisis, prefirieron contemporizar con los señores del capital —los mismos que han echado abajo el sistema impulsados por su afán de rapiña— y no contentos con ello, se emperraron en negar una y otra vez, por siniestras razones políticas, el caos económico que se avecinaba.

Cuando el cáncer financiero generado por la burbuja inmobiliaria hizo metástasis, todos se echaron las manos a la cabeza preguntándose, hipócritamente, cómo era posible que se hubiese llegado a eso. Con todo, los mayores responsables, los políticos, trataron de restar importancia a la gravedad de la situación, confiando estultamente en que se tratara de una desaceleración temporal que acabara remitiendo en unos meses. Mientras la banca y las empresas empezaban a salvar lo que podían, dejando en el proceso a millones de españoles en la calle, nuestros desastrosos gobernantes insistían en lanzarnos patéticos mensajes de tranquilidad, insistiendo cerrilmente en la fortaleza del sistema bancario español. Las declaraciones de los altos cargos del gobierno durante los meses precedentes a la eclosión de este nuevo crack financiero, e incluso las que emitieron tras confirmarse la existencia del mismo, son dignas de figurar en los anales de la estulticia política. Pero la negra verdad les ha obligado a variar sustancialmente el discurso, y ahora les ha dado por promover el ahorro a todos los niveles. ¡A buenas horas, mangas verdes!

Hay que hacer economías, nos dicen. Es preciso reducir gastos, afirman. Superaremos este bache (más bien sima) con el esfuerzo de todos los españoles, aseguran. He ahí el quid de la cuestión; en ese todos que repiten machaconamente no se consideran incluidos ellos, la nueva aristocracia de España, los nuevos señores feudales; eso que algunos indocumentados han bautizado como la clase política. Hoy como ayer, y a pesar de la democracia y la justicia social que se supone la acompaña, el político permanecerá a salvo del desastre mientras los demás tratan desesperadamente de nadar contra corriente para no ser arrastrados al fondo del océano de la miseria. La consigna oficial es ahorrar como sea, pero los sueldos de los representantes de la ciudadanía son intocables. Las empresas se ven forzadas a reducir sus plantillas drásticamente, cuando no a suspender pagos; pero no se reducen los cargos políticos de las distintas administraciones; como mucho, se les traspasa a otras áreas en las que puedan seguir gozando de idénticos privilegios pero con más discreción. Y mientras el número de parados aumenta exponencialmente, España se perfila como el único país de Europa con superávit de políticos y adláteres de éstos.

La cuestión es particularmente grave en las administraciones autonómicas, tan mastodónticas como ineficaces, y en los Ayuntamientos, fabulosas oficinas de colocación de parientes, amigotes y afines a la ideología de los regidores municipales. Mientras se insta al ciudadano a economizar energía, a utilizar los servicios de Salud pública racionalmente para contener el gasto, y se requiere la solidaridad de todos para hacer frente a la que se nos viene encima, se despilfarran miles de millones de euros en mantener unas maquinarias administrativas desproporcionadas, repletas de inútiles funcionarios de alto nivel, generalmente encastrados en el sistema con calzador y sin mediar oposición, e innecesarios e incompetentes cargos de confianza creados para premiar perrunas fidelidades partidistas. En este aspecto, los Reinos de Taifas autonómicos le dan sopas con honda a la administración central, ya que no conviene olvidar que el grueso de esa masificación burocrática que padecemos se concentra en las CC. AA., y es consecuencia directa de los errores cometidos no sólo por este gobierno en concreto, sino por todos los anteriores, que repartieron competencias alegremente entre las autonomías sin exigir a éstas que demostrasen antes estar financieramente capacitadas para asumirlas. Y así, los españoles nos encontramos con que, a día de hoy, mantenemos la mayor maquinaría político-burocrática del continente, a la par que exhibimos los mayores niveles de paro jamás registrados en toda la historia de nuestro país. Esta legislatura, que algunos ingenuos presentaron como la del pleno empleo, va camino de convertirse en la del pleno paro. Y los únicos que están completamente a salvo de la hecatombe son, como se ha dicho, magnates, banqueros y sobre todo los integrantes de la clase política.

Porque seamos honestos y reconozcámoslo de una vez: la mayor lacra de España hoy es la politiquería y quienes han hecho de ella su forma de vida. El corporativismo político impera por todas partes, y así, mientras un administrativo tiene que opositar y opositar para intentar obtener una plaza en la que cobrará, si hay suerte, mil euros o un poquito más de salario, cualquier analfabeto funcional con padrino político puede aspirar a ocupar una concejalía o consejería sin tener que demostrar que posee actitudes para desempeñar el cargo. Lo más doloso de todo esto es que, al contrario que los funcionarios normales o los trabajadores por cuenta ajena, estos individuos pueden decidir lo que quieren ganar y, lógicamente, procuran exprimir el chollo lo máximo posible; con lo cual tenemos concejales de festejos que cobran más que un profesor universitario con veinte años de antigüedad; concejales de urbanismo que amasan en cuatro años fortunas desorbitadas; alcaldes —y alcaldesas, seamos paritarios— con salarios que hace un par de décadas no los cobraba un ministro… Y asesores por todas partes; por docenas, incluso por cientos, como en la presidencia del gobierno, que según informaba la prensa no hace mucho, cuenta con un cuerpo de expertos en eso del asesoramiento cuyo número iguala e incluso supera al de la suma de todos los diputados y senadores existentes hoy en España y le cuestan a las arcas públicas un pastón. Y a todos ellos, absolutamente a todos, los mantenemos los de siempre.

Ante la gravedad de la situación económica, esta nueva aristocracia se ha movilizado como un solo hombre, no en defensa de los intereses de los gobernados, sino en la de lo suyos personales y los de sus formaciones políticas. Su primer paso ha consistido en escenificar una suerte de comedia solidaria, en la que todos y cada uno de los miembros de la casta política, desde la más alta magistratura de la nación hasta el concejalillo del Ayuntamiento más minúsculo, anuncian a bombo y platillo medidas de austeridad y recorte de gastos superfluos. Entre las austeras medidas tomadas por algunos de ellos figura la reducción de sus salarios en unos porcentajes que varían entre el 3 y 8 por ciento. Pero tales sesiones de maquillaje políticamente correcto ya no pueden engañar a nadie, y menos en un país con cinco millones de parados, muchos de ellos de larga duración y sin cobertura de ninguna clase. A un padre de familia sin trabajo, con una hipoteca e inciertas —por no decir negras— perspectivas labores no le consuela saber que los munícipes locales van a cobrar mensualmente cien o ciento cincuenta euros menos para demostrar su solidaridad. Un ejemplo: los concejales de cierto Ayuntamiento de una villa de mi tierra van a reducirse el sueldo para dar ejemplo, dicen. Uno de ellos percibe 38.000 euros netos anuales —en realidad algo más, pero dejémoslo en números redondos para que sea más manejable la cifra— y anuncia que va a cobrar un 8% menos, no se sabe a partir de cuándo. Hagamos cuentas. El 8% de 38.000 euros son 3040 euros, así que una vez aplicada la reducción —si es que llega a aplicarse, que tampoco es seguro— este señor percibiría de las arcas públicas 34.960 euros netos anuales, que divididos en 14 pagas nos dan unos hermosotes 2.497 euritos mensuales, una suma más que considerable. Ciertamente, es seguro que la parienta del concejal de mi ejemplo lamentará la pérdida de esos 3.040 euros, pero desde luego no pasarán apuros económicos de ninguna clase. Todo lo contrario que la inmensa mayoría de los españolitos de a pié, que no saben si podrán hacer frente a las facturas normales y, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizar el sustento a sus familias.

El ejemplo del párrafo anterior ilustra perfectamente lo que está ocurriendo en nuestro país hoy día. Por tanto, se impone no sólo luchar contra la crisis, sino también contra esta nueva aristocracia surgida a la sombra del caos administrativo y de la política vacía de valores y centrada únicamente en el interés partidista y el beneficio personal. Tal como yo lo veo, es urgente iniciar un proceso de regeneración política, en el que la sociedad civil debe tomar parte activamente, obviando los intereses de partido o ideología y centrándose en lo realmente importante: conseguir que las administraciones vuelvan a estar al servicio de los administrados y dejen de ser, sobre todo las locales y autonómicas, feudos particulares de la nueva aristocracia española, la politiquería.

© Antonio Quintana Carrandi, (1.866 palabras) Créditos